La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB por sus siglas en inglés) acaba de emitir una denuncia acusando a Apple de "violar los derechos de los empleados" a organizarse, documentarse y defender unas mejores condiciones laborales. Durante el pasado lunes se hizo pública esta denuncia que afirma que Apple obligó a muchos empleados de Estados Unidos a firmar acuerdos ilegales de confidencialidad, no divulgación y no competencia con el fin de opacar y censurar en distintos medios, como redes sociales, la posible difusión de información comprometedora.
Tal y como recoge Reuters y siempre según la denuncia —puede consultarse todo el histórico accediendo a este enlace—, Apple impuso políticas de conducta indebida y se le acusa de "interferir, restringir y coaccionar a los empleados en el ejercicio" de sus derechos bajo la ley laboral federal.
Apple, por su parte, ha emitido un comunicado claro: "Estamos totalmente en desacuerdo con estas afirmaciones y continuaremos compartiendo los hechos en la audiencia", enfatizando que siempre ha respetado los derechos laborales y sociales de sus empleados y permitiéndoles discutir los salarios, horas y condiciones de trabajo.
Una batalla que viene de lejos
El pasado junio ya se llegó al primer acuerdo, para que los trabajadores de varias Apple Store se unieran al sindicato de la Asociación Internacional de Maquinistas y los esfuerzos por garantizar una organización sindical de alto perfil han avanzado lenta pero inexorablemente. Al parecer, esa laxitud se debe a la propia Apple, que ha torpredeado dicho progreso mediante cláusulas y acuerdos que ya están siendo investigados.
Si Apple no llega a un acuerdo, este caso será valorado por un juez administrativo —y la posterior decisión, a su vez, podría apelarse desde cinco miembros portavoces de la junta laboral—. Lo que la NLRB pretende es que Apple no avance en esta dirección y fuerce a la compañía a rescindir estas normas, en apariencia ilegales, además de emitir un comunicado donde se informe a toda la plantilla de Estados Unidos sobre sus derechos legales.
Fotografía del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en una rueda de prensa.
Pero antes de continuar remontémonos un par de años atrás. A 2021, cuando por aquel entonces, una gerente senior de ingeniería, Ashley Gjovik, fue despedida de Apple porque, supuestamente, filtró información considerada propiedad intelectual confidencial. Todavía no se ha dictado sentencia porque una causa ha abierto otra de par en par: que fue despedida bajo unas condiciones no claras.
Ashley Gjovik fue la personalidad que usó su caso para incidir en que Apple disuade a los empleados para no discutir sobre temas como la igualdad salarial y la discriminación sexual. Ni entre ellos, ni por sus redes sociales personales, ni a ningún medio de comunicación. Gjovik consideró su despido como una represalia por haber formalizado denuncias ante la NLRB y haber organizado a otros empleados en condiciones similares. Su última demanda, sin embargo, fue desestimada.
Estaremos atentos al desarrollo de esta demanda y si finalmente se produce algún tipo de acuerdo. El sentido común nos dice que, de producirse una situación de ilegalidad semejante, respondería casos puntuales y no un comportamiento sistemático. Así fue, por ejemplo, como el que se produjo en una Apple Store de Manhattan donde un gerente interrogó ilegalmente a un empleado sobre su intención de enrolarse a un sindicato. Desde entonces, dos Apple Store se han sindicalizado. Serán los jueces (y los sindicatos) quienes tengan la última palabra.
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