El “Batterygate” es el nombre mediático que se le ha dado a un caso bastante conocido en el que se acusa a Apple de, según los demandantes, reducir deliberadamente los picos de rendimiento de los iPhone con batería desgastada para tratar de preservarlos más tiempo. La empresa nunca negó esto, de hecho dijo que era cierto, pero que era consecuencia de la propia naturaleza de las baterías. En lo que se trató de fundamental la demanda fue en que, según los afectados, la implementación fue poco transparente.
Los dispositivos Apple son famosos y defendidos por su larga vida útil. De hecho, es común ver a gente con un iPhone 6, lanzado en 2014. Sin embargo, cuesta mucho encontrar un teléfono Android de ese mismo año que funcione ni remotamente similar. Sin embargo, ninguna empresa está exenta de polémica, y en Cupertino esta vez no han sido la excepción.
El pleito llega a su fin
La historia de Apple con la obsolescencia programada comenzó en 2017 con una demanda colectiva en la que se acusaba a la empresa de reducir deliberadamente mediante actualizaciones de software la velocidad de algunos de sus dispositivos. En concreto, del iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y el iPhone SE de primera generación.
Los de Cupertino acabaron admitiendo que eso era cierto, pero que se debía al estado de sus baterías. Dijeron que era necesario limitar el rendimiento para evitar apagones inesperados, desgastes que los hiciesen inservibles, y demás. El problema con esto según los demandantes es que no lo avisaron en ningún lado, ni le dieron opción a los usuarios de rechazarlo. Simplemente lo actualizaron así y esperaron que nadie se diese cuenta.
No fue hasta que se presentó la demanda colectiva y esta se expandió por redes que redujeron significativamente el coste de sustitución de batería de esos modelos, y permitieron a los usuarios desactivar esa configuración, pero ya era tarde. Lo que argumentó la parte contraria, y sabiendo cómo funciona el derecho anglosajón tiene sentido, es que de no haberse presentado esa demanda, Apple no habría facilitado esas opciones.
Lo que quieren decir es que no sirve de nada enmendar el error cuando este ya se ha sufrido y percibido. Si nadie se hubiese dado cuenta, no habrían hecho nada para enmendarlo, por lo que en el fondo no querían solucionar el error, sino las consecuencias que tendría para ellos la publicidad de ese error.
Ahora Apple ha llegado a un acuerdo con estas personas, por el que se comprometen a pagar entre 310 y 500 millones de euros. Lamentablemente, el plazo para apuntarse terminó en octubre de 2020, aunque se calcula que están aprobadas unas tres millones de personas, por lo que si te apuntaste en su momento, deberías percibir unos 60 o 65 euros aproximadamente. “Menos da una piedra”, que se dice.
Imagen | Dmitry Marchenko / Alamy Stock Photo
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