Siempre pasa lo mismo. Estás tranquilamente en tu casa viendo la televisión un viernes por la tarde, dispuesto a echarte una siesta que muchos confundirían con un periodo de hibernación, bajas el volumen de la serie que has puesto, cierras los ojos… y suena el teléfono: “hola, soy Carlos y llamo para mejorarle su tarifa de internet. Dígame, ¿cuánto paga ahora?”.
Creo que todos hemos sufrido esto en algún momento de nuestra vida. Varias veces. Es horrible, aunque por fin se va a acabar. Gracias a una nueva ley, a partir del 30 de junio de 2023 las llamadas comerciales no solicitadas se prohibirán bajo amenaza de sanción a las empresas responsables.
Duerme la siesta en paz
El 28 de junio de 2022 entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones 11/2022, y desde entonces se dio un plazo de un año para que los anunciantes se adaptasen a la normativa. El artículo 66.1 apartado b reconoce el derecho del usuario a “no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos personales.”.
Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa, que se dice. La legislación española, por razones obvias, solo aplica en España. Muchas empresas tienen sus llamadas comerciales subcontratadas a empresas en otros países —normalmente latinoamericanos— y ahí poco se puede hacer. Es más, se podría dar el caso de que las empresas que sigan haciendo sus llamadas desde España lo contraten a otra empresa extranjera para poder seguir llamando.
Y entonces, ¿la Lista Robinson qué es?
Es posible que te suene la famosa Lista Robinson. Es una base de datos gestionada por la Asociación Española de Economía Digital a la que cualquiera se puede apuntar de manera gratuita para dejar de recibir publicidad. Sin embargo, hay veces que no funciona, y poco se puede hacer en esos casos.
El artículo 23.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 dice que las empresas están obligadas a consultar “los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo”. El problema es que la obligación que recoge este artículo deja de existir en el mismo momento en el que has sido tú el que haya dado su consentimiento para el uso de datos (que es una cláusula que se suele incluir en todos los contratos de telefonía, por ejemplo).
Esta nueva ley podría darnos unas tardes mucho más tranquilas, aunque es cierto que no es la panacea. Si nos llaman desde el extranjero no vamos a poder impedirlo, y aunque parece evidente que hay que seguir regulando más en este aspecto, de momento este primer paso se agradece.
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