La Administración Biden se prepara para crear una orden ejecutiva sobre el derecho a reparar. El presidente de EEUU pedirá a la FTC que elabore una propuesta para evitar que los fabricantes limiten las posibilidades de reparación de productos. El iPhone y los smartphones en general son un área de interés de este borrador, que verá la luz este viernes.
El derecho a reparar en una nueva ley podría afectar al iPhone
Mientras que la agencia decidirá el tamaño y amplitud de la orden, se espera que la directiva presidencial del derecho a reparar mencione a los fabricantes de dispositivos móviles y contratistas del Departamento de Defensa como posibles áreas de regulación. Compañías tecnológicas como Apple y Microsoft han impuesto límites acerca de quién puede reparar productos de electrónica de consumo como videoconsolas y teléfonos móviles, que los defensores del consumidor afirman que incrementan los costes de reparación.
La intención de esta orden ejecutiva es la de "ampliar la competencia en la economía, dando reparaciones a bajo precio para familias americanas y sueldos más altos para trabajadores americanos", según el asesor económico de La Casa Blanca Brian Deese. Esta medida también involucrará a los fabricantes de equipos agrarios, donde hackear tractores ganó cierta fama hace unos años. También se encuentran iniciativas para reducir la influencia de los grandes procesadores de comida en el sector primario, así como otras para compensar a viajeros de avión en caso de retraso en la entrega de maletas o la imposibilidad de conectarse a internet durante un vuelo.
Pero en el caso de las empresas tecnológicas, éstas aseguran que la legislación podría poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. La reparación de una batería con partes no oficiales y sin supervisión podría dar lugar a problemas con el dispositivo e incluso su combustión. En el caso de tractores y demás equipo pesado, se argumenta que modificar el software puede acabar con medidas de seguridad y medioambientales.
En la Unión Europea también se ha aprobado legislación en favor del derecho a reparar. En su caso, busca obligar a los fabricantes a dar una puntuación de reparación a sus productos, un sistema de recarga común y tres años de garantía. Como es lógico y a falta de ver el resultado final, esta orden ejecutiva afectaría al iPhone y resto de productos de Apple. Aunque desde Cupertino llevan tiempo abogando en contra de leyes de este tipo.
Apertura del programa de reparaciones de Apple a terceros
El pasado mes de marzo, Apple anunciaba la expansión de su programa de reparaciones independientes a más de 200 países en todo el mundo. No se trata de un movimiento lanzado deprisa y corriendo, más bien, lleva fraguándose varios años. Forma parte del esfuerzo de la compañía de Cupertino por ampliar las posibilidades de reparación de sus productos con calidad y garantía.
Así, en 2019 Apple anunció su alianza con Best Buy y sus más de 1.000 tiendas. Lo que en la práctica se traducía en que 8 de cada 10 clientes de Apple tenían un servicio de reparaciones oficial a menos de 20 minutos de su casa. Posteriormente, abrió el programa de reparación a establecimientos independientes, a quienes da formación gratuita y acceso a piezas, herramientas, diagnósticos y manuales oficiales. Al mismo tiempo, también se expandió a 32 países europeos.
Para Apple, la prioridad es la seguridad del usuario, el reciclaje y los acuerdos con terceros. Veremos si sus esfuerzos por ampliar la red de reparaciones y allanar el camino para que su realización cuente con piezas y manuales oficiales aplaca estas nuevas legislaciones.
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