Aunque seguimos esperando el veredicto del Segundo Circuito de Cortes de Apelaciones de Estados Unidos con el que Apple pretende limpiar su nombre de los cargos de conspiración para aumentar el precio de venta de los libros electrónicos, el tribunal se reunirá el mes que viene para resolver la apelación de la manzana contra el observador especial impuesto a la compañía, Michael Bromwich.
Bromwich fue elegido por la juez Denise Cote para que ejerciese de observador externo vigilando el cumplimiento de las leyes antimonopolio por parte de Apple, pero la compañía no tardó en protestar a causa de las inusuales solicitudes del abogado y sus astronómicos honorarios, más de 1100 dólares a la hora.
The Wall Street Journal, quienes ya en 2013 criticaron abiertamente a Bromwich estableciendo la relación política y personal que le une a Cote así como su falta de experiencia en la materia, vuelven a la carga contra él poniendo en relieve los 2,65 millones de dólares que el observador ha cobrado hasta enero a Apple a cambio de una labor de investigación que va mucho más allá de el objetivo inicial de su cargo.
"De acuerdo con los registros de facturación y sus informes semestrales a la juez Cote, hay nuevas razones para que el Segundo Circuito despida al Sr. Bromwich y ponga fin a algo que constituye un abuso importante incluso para los estándares del antimonopolio moderno", asegura la editorial de The Wall Street Journal.
Para The Wall Street Journal, el abogado parece haber interpretado su posición como una carta blanca para ejercer de "inquisidor de todas las cosas que suceden en Cupertino"
Las empresas generalmente consienten este tipo de observadores cuando alcanzan acuerdos pactados pero Apple nunca ha admitido su culpabilidad y Bromwich fue puesto a pesar de las objeciones de la compañía, "principalmente a causa de sus longevas conexiones políticas con la juez Cote. El observador-a-sueldo no tenía experiencia previa en antimonopolio pero sí que tiene el dudoso honor de ser el primer y único observador involuntario de la historia de los litigios antimonopolio civiles".
Fruto de esta inexperiencia y a pesar de sus propios honorarios, Bromwich contrató el bufete de abogados Fried Frank como expertos en la materia a un coste de 1025 dólares a la hora. La juez Cote dio marcha atrás con sus planes de mantener una comunicación secreta con Bromwich a raíz de la objeción de Apple, pero no le ha negado nada más a su amigo. Bromwich ha conseguido así acceso a todos los ejecutivos de la compañía con la excepción de la divisiones de diseño y marketing, esto es, incluso a los grupos encargados del reconocimiento de voz de Siri, los mapas o el equipo de ingeniería de hardware. Ninguno de ellos tienen la menor relevancia en el caso antimonopolio.
Bromwich no ha actuado como un empleado neutral de la corte, sino como un agente de la fiscalía, sólo que cobrandole a Apple por las molestias. (...) Apple puede ser perdonado por velo como un adversario y un intruso, porque eso es lo que es.
La editorial concluye: "Apple podría haber pactado hace mucho tiempo como hacen la mayoría de las empresas, y esa opción podría haber sido incluso más económica que una apelación prolongada. Pero la compañía está haciendo un servicio público al tratar de reivindicar un principio legal y frenar el creciente abuso de los observadores designados por tribunales y una maniática teoría de defensa de la competencia que podría dañar a muchos más innovadores si se deja tomar fuerza."
Cerrando el libro
Al margen de toda esta situación con el observador, las miras de Apple están puestas en el veredicto del Segundo Circuito de Cortes de Apelaciones de Estados Unidos, donde la compañía ha defendido la necesidad de aplicar la regla de la razón, según la cual deben sopesarse todas las circunstancias del caso para decidir si la práctica restringe irracionalmente la competencia, y que requiere que el demandante pruebe efectos anticompetitivos o daño actual a la competencia y no solamente si las prácticas fueron injustas.
Apple argumentó frente a la corte que precisamente este caso gira alrededor de sus acuerdos comerciales verticales con las editoriales, probando además la relevancia del monopolio de Amazon en el mercado de los libros electrónicos como justificación legal. Es decir, Apple se pregunta cómo puede ser condenable su conducta en términos de la defensa de la competencia, cuando precisamente lo que trataban de hacer era desarticular el monopolio de Amazon.
Si el Segundo Circuito confirma la decisión del tribunal de distrito, Apple tendrá que pagar 400 millones de dólares a los demandantes y 50 millones de dólares en honorarios de abogados. Si el Segundo Circuito anula la decisión o considera que hay motivo para celebrar un nuevo juicio, las cifras a pagar se reducirían a 50 y 20 millones respectivamente. La tercera y última opción es que libren de responsabilidad a Apple, en cuyo caso no tendrían que pagar absolutamente nada.
Vía | The Wall Street Journal
Ver 6 comentarios